Libertad Lingüística

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Alegaciones a las bases del decreto de "plurilingüismo" - Sobre la exención de lengua gallega

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Indice del artículo
Alegaciones a las bases del decreto de "plurilingüismo"
Sobre el preámbulo
Objeto y ámbito de aplicación
En educación infantil
En secundaria y bachillerato
Formación profesional y e. de adultos
Sobre el
Sobre los equipos de
Función pública docente y linguocracia
Sobre la exención de lengua gallega
Todas las páginas
Sobre la exención de lengua gallega:
art

Lo que sigue es un extracto de la argumentación de la MLL contra el tratamiento de la exención de la asignatura de lengua gallega en el decrto 124/2007. No se refiere, por tanto, a las Bases, que restauran, en parte, el régimen tradicional de la exención, pero lo consideramos de utilidad para argumentar nuestras propuestas a la BASES en materia de exención

 

 

art. 15º, Exención de la calificación de las pruebas de lengua gallega.

 

Este artículo tiene el notable mérito de que conculca todos los principios básicos que debería respetar un reglamento:

 

-I- Legalidad y jerarquía normativa (art. 9.3 C.E.).-

 

El derecho a la dispensa de estudio de esa asignatura viene establecido por la Ley 03/83, llamada “de normalización lingüística” en los siguientes términos:
“El gobierno gallego regulará las circunstancias excepcionales en que un alumno puede ser dispensado del estudio obligatorio de la lengua gallega. Ningún alumno podrá ser dispensado de esta obligación si hubiese cursado sin interrupción sus estudios en Galicia”.
No cabe pensar que el gobierno gallego cumple con el mandato legal cualquiera que sea la extensión que dé a la dispensa establecida por la ley. En otras palabras, no vale que el ejecutivo incurra en fraude de ley a la hora de regular “las circunstancias excepcionales en que un alumno puede ser dispensado ...” De hecho, la ley sólo establece un límite a esa dispensa -además del carácter excepcional-, y es el supuesto de estudios continuados en Galicia.

El Gobierno gallego ya había regulado esas circunstancias, mediante el decreto 79/94. Naturalmente, el titular de la potestad reglamentaria puede ejercerla modificando sus propias determinaciones, dentro de la ley -y más en una época en la que la estabilidad de las normas y la seguridad jurídica inherente, no se estiman mucho- . Interesa, sin embargo, comparar la regulación nueva con la anterior, para descubrir sus razones, su espíritu:

 

Decreto 79/94

Decreto 124/07 Artículo 15º.-Exención de la calificación de las pruebas de lengua gallega.

Artículo 1. 1. Los alumnos que se incorporen al sistema educativo de Galicia procedentes del de otras comunidades autónomas o del extranjero podrán obtener la exención de las pruebas de evaluación de la asignatura de lengua gallega durante el período de tiempo que se fija en este decreto, ...

Artículo 2. 1. Tendrán derecho a que se les conceda la exención aquellos alumnos que hubiesen realizado sus estudios inmediatamente anteriores, básicos o medios, en centros docentes de otras comunidades autónomas o del extranjero. ...

3. Las exenciones se solicitarán para cada año académico de permanencia en la Comunidad Autónoma de Galicia y sus efectos se limitarán al citado año, sin que se puedan conceder en más de tres consecutivos.

4. A pesar de lo establecido en el punto anterior, el alumno podrá tener derecho a una nueva exención si se cumplen las dos condiciones siguientes:

a) Acreditación documental, al comienzo de ese cuarto año académico, del traslado de residencia, suyo y de sus padres o tutores, fuera de la Comunidad Autónoma.

b) Informe positivo de la dirección del centro, previa audiencia del profesor, del departamento o del seminario de gallego, y del interesado o de su representante legal. ...

Artículo 4. 1. Podrán obtener también la exención de la asignatura de lengua gallega aquellos alumnos con deficiencias, especialmente auditivas, que acrediten el grado de deficiencia, según lo establezca la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, y declaren estar instalados en la otra lengua oficial de Galicia.

1. El alumnado que se incorpore al sistema educativo de Galicia en cuarto de educación secundaria obligatoria o en bachillerato, procedente de otras comunidades autónomas o de un país extranjero con lengua oficial castellana, podrá obtener la exención de la calificación de las pruebas de evaluación de materia de lengua gallega durante dos cursos académicos.

 

El nuevo decreto supone una muy severa restricción sistemática del derecho a la exención:

  • en los sujetos:

    • antes se refería a los estudiantes de básica y secundaria, ahora sólo a los que se incorporen en cuarto de ESO o en bachillerato;

    • antes, a los procedentes de fuera de la comunidad autónoma; ahora sólo se considera extranjero a los territorios hispanófonos.

    • antes se preveía como circunstancia legitimadora de la solicitud de exención, también la deficiencia auditiva acreditada, y la declaración de “estar instalados en la otra lengua oficial de Galicia”. Este supuesto desaparece de la nueva regulación, con consecuencias muy graves para el desarrollo de los niños afectado: el decreto no remedia la sordomudez, simplemente ignora esa circunstancia. Pero los niños sordomudos que estaban exentos antes de la entrada en vigor del decreto, siguen siendo sordomudos, sólo que ahora, obligados, contra toda posibilidad, a aprender una segunda lengua y en una segunda lengua. Se adjuntan dos artículos periodísticos sobre lo gracioso que resulta, a este respecto, el modelo catalán, seguido a pies juntillas en esta supresión.

  • en el tiempo: antes hasta tres años, y un cuarto en caso de traslado fuera de Galicia; ahora, hasta dos años. La supresión del supuesto de traslado es especialmente grave. Ya está sucediendo que alumnos que desean estudiar en universidades “exteriores” ven mermada su nota para la selectividad -y, en consecuencia, excluidos- por “el factor gallego”. Con esto, el fenómeno se incrementará.

  • en los efectos: antes la exención abarcaba las pruebas de evaluación; ahora el exento está obligado a hacer las pruebas, pero no a sufrir la calificación, es decir: a un sinsentido.

Si la reglamentación anterior era lícita, la nueva supone una restricción injustificada de derechos, a no ser que en el expediente de elaboración del decreto se justifiquen, una por una, esas restricciones (a ser posible sin decir que se han copiado del diario oficial de la Generalidad de Cataluña)

A reserva de lo que resultare del examen del expediente, impugnamos la nueva reglamentación en cuanto supone una restricción injustificada de los supuestos y posibilidades de exención de la asignatura o de la materia de lengua gallega.

 

-II- nullam poenam sine lege

 

Por otra parte, la regulación de la exención contiene un régimen sancionador peculiar y privativo, construido sobre el modelo moral de la venganza -pérdida del derecho sin alteración de los supuestos objetivos que lo justifican- y sin cobertura legal -sólo se contempla en este reglamento-.

Las supuestas faltas que cometa el alumno exento, sean las que fueren, deberán ser sancionadas con arreglo al sistema disciplinario general, sujeto al principio de legalidad, y no mediante el mecanismo diseñado ad hoc y praeter legem por el titular de la potestad reglamentaria, que somete a los alumnos exentos a un chantaje permanente que no pende sobre los demás.

 

-III- legalidad

 

La exención de la asignatura sobre el supuesto previo explícito en la orden (no derogada) de 30/06/94 (doG de 4 de agosto) de considerar “no integrados lingüísticamente” a los alumnos acreedores a la exención de la calificación de la asignatura, debería conllevar la exención de la obligación general de uso de esa lengua. Es decir: los alumnos exentos de la asignatura de lengua gallega, incluso en el supuesto, tremendo, de que ese Tribunal dé por bueno que todos los demás, tengan que examinarse de todas las materias troncales en lengua gallega, deberían estar eximidos de esa obligación -la del art. 13.1-

 

Si ya la imposición a todos los alumnos de una obligación general de uso de una cualquiera de las dos lenguas oficiales, exentos o no de su estudio, a costa de la otra -es decir, a costa de la libertad- carece de fundamento legal alguno, como también informó el Consejo Consultivo ...

[...Por más que el acuerdo de todos los grupos políticos en la materia sea respetable, no se

puede sostener en Derecho que una norma reglamentaria regule aspectos que, en este momento, desbordan tanto las previsiones del Estatuto de Autonomía como las de la Ley de normalización lingüística. Ni, menos aún, que un acuerdo de tal naturaleza pueda sobreponerse al procedimiento de elaboración de los reglamentos y al principio de jerarquía normativa, lo que evidentemente no pudo estar en el ánimo de ninguno de los grupos políticos que adoptaron aquel acuerdo.]

... la imposición de una determinada lengua a quienes el propio sistema reglamentario del gobierno gallego consideraba “no integrados lingüísticamente” en ella, es decir, la inmersión forzosa, es especialmente aberrante, por lo que en el lamentable caso de que ese Tribunal no hallase ilegal aquella imposición general, la exención debería abarcar la obligación de uso en las materias impartidas en gallego (como advirtió, sin ningún efecto, el Consejo consultivo, pág. 30, último párrafo):

El precepto regula la exención de la calificación de las pruebas de lengua gallega, pero nada establece en relación con el uso de la lengua por parte de los alumnos en aquellas materias que se impartan en gallego. Si no se modifica la actual redacción del artículo 13.1, debería contemplarse expresamente la extensión de la exención, cuando menos, al uso del gallego en la evaluación de las referidas materias.

 

Por lo mismo, los alumnos exentos de la asignatrua de lengua gallega deberían estarlo también de la obligación de emplear, con carácter general, textos en esa lengua (art. 13.2). Por supuesto, es estúpido que un decreto de un gobierno introduzca su impertinencia hasta estos extremos reidículos, pero este decreto lo hace, por lo que no habría otro remedio, para defender a sus víctimas, que sentenciar la nulidad de una norma que obliga a niños exentos del estudio de una lengua a utilizar libros en esa lengua, cuando podrían utilizar libros en en la suya, que es la oficial del estado en que residen y estudian, en el caso de niños españoles o hispanoamericanos.

 

-IV- Interdicción de la arbitrariedad.- (art. 9.3 C. E.) - No discriminación por razón de la edad (art. 14 C. E.)

 

La ley no establece discriminación alguna entre los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero en función de la edad -determinante del nivel o grado académico- por lo que es ilegal la limitación reglamentaria a cuarto de ESO. Hasta 2007 el gobierno gallego no estableció esa discriminación en los tres reglamentos anteriores (ni en el 135/1983 ni en el 79/1994 ni en el 247/1995) o en sus modificaciones. La privación de la exención a alumnos menores constituye una arbitrariedad, cuya interdicción garantiza la Constitución, al igual que una discriminación por razón de la edad. No se halla en el expediente de elaboración del decreto, justificación alguna de esta restricción general respecto de la reglamentación anterior, ni de la discriminación respecto de los niños mayores de esa edad -asumiendo una equivalencia general entre el grado escolar y la edad-

Conforme a la reglamentación anterior (Orden de 30/06/94), y a efectos de la exención o dispensa, sólo se consideraba “integrados lingüísticamente” a:

1) Aquellos alumnos que, tras haber cursado anteriormente estudios en Galicia, acrediten una estancia en el sistema educativo de otra Comunidad Autónoma o del extranjero inferior a cuatro años académicos consecutivos.

2) Los alumnos del primer ciclo de educación primaria.

Aunque la nueva reglamentación no regula ese concepto, dándolo por implícito, lo que no puede hacer es privar de esa calificación reglamentaria “no integrados lingüísticamente” -a los efectos de la dispensa- sin motivación alguna a quienes ya la ostentaban.

 

-V- irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales

El decreto 124/07, que está sirviendo de fundamento a denegaciones de dispensa, omite una precaución elemental a la hora de afectar a situaciones jurídicas en curso: no prevé una disposición transitoria de salvaguarda de las situaciones establecidas con arreglo a la reglamentación anterior y confiando, si no en su estabilidad, sí en que su modificación habría de tenerlas en cuenta, como cabe esperar en un estado de derecho.


Hay un cierto número de ciudadanos que cuando decidieron trasladarse con sus hijos a Galicia, evaluaron hasta qué punto eran disuasorias las medidas políticas de las autoridades regionales tendentes a evitar la entrada de españoles con hijos en edad escolar en el territorio, y asumieron el coste reglamentado en aquel momento, en el cual, sus hijos tenían derecho a exención hasta tres años consecutivos, e incluso a un cuarto año en determinados supuestos, frecuentes en el caso de funcionarios militares y otros trabajadores con alta movilidad: la seguridad, dentro de lo humanamente previsible, del traslado a una parte del territorio nacional exenta o carente de 'lengua propia', así como la inexistencia de límite de edad para el reconocimiento del derecho a exención.


No se discute aquí la potestad del gobierno regional de modificar esa reglamentación. Lo que se discute es que pueda hacerlo como le venga en gana y atropellando situaciones en que los ciudadanos hayan incurrido al amparo de una confianza legítima en la estabilidad de las normas, o en que su modificación se haría con la prudencia habitual en un estado de derecho.

Aunque esa administración argumente que el derecho a la exención tenía, y tiene que ser reconocido año a año, también es cierto que tal reconocimiento, pese a los esfuerzos por remitirlo a la arbitrariedad de renovaciones sujetas a “informes de buena conducta”, era un acto estrictamente reglado, de manera que muchos niños indiscutiblemente derecho a su reconocimiento cuando sus padres decidieron el traslado; e indiscutiblemente las denegaciones de exención amparadas en este decreto de legalidad dudosa y de efecto notoriamente retroactivo sobre expectativas concebidas razonablemente contraviene el principio de irretroactividad de las leyes no favorables. Si las leyes formales no favorables no pueden tener retroactividad, mucho menos podrán tenerla los reglamentos.

 

Esta administración, bajo la misma ley 03/83, ha dictado hasta tres reglamentos -y los ha modificado y desarrollado- manteniendo en los dos anteriores al vigente, la posibilidad de obtener exención sin discriminación por razón de la edad. Tales precedentes, por supuesto, no vinculan a la administración, pero el abandonarlos sin establecer en la correspondiente disposición un período transitorio para no incidir en situaciones en las que los particulares pudieron haber incurrido al amparo de la confianza legítima suscitada por una reglamentación consistente durante veinte años, y sin justificación alguna -aparte de la coincidencia con el modelo catalán- constituye una quiebra injustificada de la seguridad jurídica, prohibida también por el mismo art. 9.3 C. E.