Libertad Lingüística

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La primera sentencia contra el reglamento de la lengua en la escuela

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A la vista de lo que se ha adelantado de la sentencia del TSJG en el recurso interpuesto por el sindicato nacionalista contra el decreto 79/2010, ya pudimos afirmar que el frente judicial del social-nacionalismo ha ejecutado su venganza contra la mayoría de los electores que echó del gobierno regional al llamado Bipartito en las elecciones de 2009 y lo ha mantenido en la oposición en las celebradas el pasado mes de octubre. Ante su texto íntegro, podemos confirmarlo.

La historia judicial de la linguocracia en Galicia es la historia de una infamia rectilínea y unidireccional, en la que los órganos del poder judicial naturalizados o asilvestrados en el territorio irredento, han preferido siempre, aún pisoteando la Constitución y el sentido común, trabajar en pro de eso que unos llaman “facer país” y otros “construción nacional”.

 Que un tribunal de ¿justicia? Pueda sentenciar que los niños no pueden usar su lengua sino la que les imponga el estado o sus esbirros puede sorprender a cualquiera que lea estas líneas, pero es algo muy celebrado en el espacio pútrido delimitado durante más de treinta años por este régimen de permanente golpe de estado en que la proclamación constitucional de que todos los poderes públicos están sujeto al ordenamiento jurídico es una falsedad manifiesta, empezando por algunos que visten toga.

 Ya sabíamos que el Sr. Seoane Pesqueira tenía serias dificultades para dictar una sentencia congruente con la demanda. También es obvio que no puede mantenerla dentro de los límites de la ley: el art. 42 de la Ley 3/2011, de 30 de junio de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia (sic) lista los Derechos de especial protección de la infancia y la adolescencia y establece que

"De conformidad con lo establecido en la Constitución española; la Convención sobre los derechos del niño; la Carta europea de los derechos del niño; la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, los poderes públicos garantizarán el ejercicio de los siguientes derechos de las personas menores de edad:

k) El derecho a expresarse en su lengua propia, de origen o de libre elección, y a no ser discriminadas en razón a la misma."

 Antes que atenerse a la ley como era su deber, el ponente y sus acólitos han preferido dar la razón al dudoso Foucault, que “sugiere que en todos los planos de la sociedad moderna existe un tipo de 'prisión continua', desde las cárceles de máxima seguridad, trabajadores sociales, la policía, los maestros, hasta nuestro trabajo diario y vida cotidiana. Todo está conectado mediante la vigilancia (deliberada o no) de unos seres humanos por otros, en busca de una 'normalización' generalizada”.

 Esta sentencia no sólo no se cuestiona lo obvio: ¿cómo es posible que los niños estén sometidos a un reglamento administrativo sobre la lengua en que deben o pueden expresarse?. Asume esa estupidez burocrática como lo nomal, para, a continuación, suprimir los mínimos vestigios de libertad que contenía, configurando la escuela al gusto nacional-socialista, como un espacio-tiempo de excepción, en el que la persona se degrada a materia, objeto y medio de una normalización concebida por unos evidentes anormales. En ese espacio tiempo de reclusión forzosa, quedan en suspenso los derechos y la dignidad de los reclusos, por haber nacido o hallarse en el territorio equivocado.

 Esperamos, no sabemos si en vano, que el gobierno regional defienda a los ciudadanos contra esta infamia, mediante el oportuno recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es lo menos que puede hacer.